La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes un paro total de actividades, del 5 al 8 de marzo, en repudio a la ofensiva gubernamental de la administración de Javier Milei, que acusa a su dirigencia de evasión fiscal por más de 19 mil millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Este paro, sin precedentes en la historia del fútbol argentino, coincide con las declaraciones judiciales de los principales directivos y se produce en un contexto donde el gobierno y «poderes concentrados del fútbol» apuntarían al control de fondos anuales que superan los 100 millones de dólares. Estos sectores buscan imponer las Sociedades Anónimas Deportivas, lo que implicaría dejar el modelo de club social y privatizar las entidades.

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La decisión de paralizar el fútbol argentino fue comunicada hoy por la AFA, tras una reunión del Comité Ejecutivo. Este paro abarca a todas las categorías del balompié nacional, incluyendo las formativas. La medida responde a lo que la federación califica de «ofensiva gubernamental» contra la entidad que rige el fútbol.

La dirigencia de la AFA interpreta esta ofensiva como una «jugada de máxima» para desplazar a la actual cúpula y tomar control de los ingresos millonarios generados por marketing, sponsoreo, derechos de televisión y la figura de Lionel Messi.

El jueves 5 de marzo, día en que inicia el cese de actividades, el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, deberá presentarse a declarar ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Las citaciones fueron autorizadas el pasado viernes por el juez Diego Amarante, a pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por una supuesta omisión sistemática en el pago de tributos y retención de aportes previsionales.

La causa, abierta el 12 de diciembre pasado, estima un monto que superaría los 19 mil millones de pesos por el período entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El viernes 6 de marzo declaran Pablo Toviggino, tesorero, y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Para el lunes 9 de marzo están previstas las declaraciones de los directivos Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina.

La AFA rechazó categóricamente las acusaciones, afirmando en un comunicado que «no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales». Gustavo Lorenzo, director general y uno de los acusados, presentó durante la reunión del Comité Ejecutivo una captura de la página oficial de ARCA que, según aseveró, demuestra que la AFA no registra deudas ni declaraciones juradas pendientes.

Fabián Berlanga, presidente del club Vélez Sarsfield, declaró tras el encuentro que el gobierno de Argentina «declaró una guerra contra el fútbol» para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una iniciativa que profundizaría el control privado sobre los clubes y que ya fue intentada durante la gestión de Mauricio Macri. Berlanga subrayó que los socios de los clubes ya han expresado su rechazo a esta propuesta.

El gobierno nacional y sus aliados buscarían que la Justicia acuse a Tapia y Toviggino de malversación de fondos y otros delitos económicos, con el objetivo de removerlos de la AFA y procesarlos, idealmente antes del comienzo de la Copa del Mundo.

En los círculos gubernamentales se considera que, si Argentina lograra obtener la cuarta estrella el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, la permanencia de Tapia y Toviggino en sus cargos sería inamovible. La dirigencia del fútbol argentino, consciente de esta compleja jugada política, ha decidido cerrar filas y defender a la AFA con este paro inédito para el periodo del 5 al 8 de marzo.

Inicialmente, Tapia y Toviggino tenían prohibición de salir del país. No obstante, el juez Diego Amarante autorizó este lunes a Tapia a viajar esta semana a Barranquilla, Colombia, y a Río de Janeiro, Brasil, previo pago de una caución de 5 millones de pesos. Tapia también tiene previsto viajar el 18 de marzo a Asunción del Paraguay para el sorteo de copas continentales y el 27 de marzo a Doha, Qatar, para el partido de la Selección Argentina contra España. Estos viajes subrayan la continuidad de sus funciones pese a la situación judicial.

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